Un tipo derecho

“Bonjour mademoiselle” fue lo primero que dijo al entrar en la cafetería del Radisson Hotel. De sobretodo negro, bufanda roja prolijamente doblada y  ojos celestes fatigados, el octogenario tomó mi cara y me dio cuatro besos, alternando las mejillas. “Así lo hacemos en mi pueblo”, expresó sonriendo el francés antes de beber un sorbo de café muy oscuro. Su mirada tierna y penetrante a la vez podía ser la de cualquier abuelo del mundo. Si no tuviera esa sensibilidad y esa fuerza no hubiera dedicado su vida a la defensa de los Derechos Humanos. No sería uno de los exponentes más importantes en derecho internacional sobre la desaparición forzada. No hubiera trabajado 34 años en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas atendiendo causas tan amargas como las dictaduras o los genocidios. Louis Joinet es muchos a la vez. Es el jurista, el magistrado, el redactor de la Convención Internacional de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el autor de los principios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que tomó café negro en una taza de porcelana blanca y desayunó una banana, el que podría ser perfectamente tu abuelo. O el mío.

Su voz firme contrastaba con sus manos temblorosas, características de cierta edad. Llegó a Montevideo el 17 de mayo -lo invitó la Intendenta Ana Olivera para homenajearlo por su trayectoria de solidaridad y lucha contra la impunidad en el Uruguay- y no paró ni un segundo. Incluso marchó en silencio, por la Avenida 18 de julio, junto a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos por verdad, justicia y memoria. Ni el frío ni la lluvia lograron detenerlo. Es que su compromiso con este país data de varios años atrás.

Su primera visita fue en la década del ’70 cuando la Federación Internacional de Derechos Humanos lo envió en misión al país que vivía bajo las Medidas Prontas de Seguridad instauradas por el pachequismo. Su misión era investigar este instrumento jurídico de represión y visitar al General Líber Seregni y a los presos del Penal de Libertad. Pero las cosas no salieron como él se imaginaba. “Me negaron la visita a los prisioneros, al Gral. Seregni lo pude ver pero muy poco y las discusiones sobre las Medidas Prontas de Seguridad fueron complicadas con los magistrados, específicamente después de la entrevista que tuve con el Coronel Presidente de la Suprema Corte Militar”, contó. Sin embargo, no fue un obstáculo para su investigación sobre la situación de los presos políticos durante la dictadura uruguaya y tampoco para el estudio que haría después referido a los detenidos desaparecidos.

Incompleto

A Louis Joinet se le aceleró el corazón cuando empezó a ahondar en la situación del sistema judicial y la aplicación del Derecho Internacional en Uruguay, como le pasa a cualquier persona que siente pasión por lo que hace. Sin pelos en la lengua aseveró que “la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el Uruguay  es muy reticente a todo lo que corresponde al Derecho Internacional”. Dijo que es “muy importante” que éste se aplique, por ejemplo, en  los casos de detenidos desaparecidos porque, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad y, por tanto, es imprescriptible”. Expresó que Uruguay, al haber ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene que aplicarla.

Como otras “críticas o reservas” al sistema judicial uruguayo, el magistrado mencionó la carencia de un órgano independiente de la SCJ que asegure “la independencia de los jueces en sus carreras” y la falta de garantías para un juez que es trasladado de juzgado. Acerca de esto último mencionó el caso de su colega Mariana Motta -quien tenía en su haber múltiples casos vinculados a los Derechos Humanos y el año pasado fue trasladada por la SCJ sin explicaciones- con quien se “solidarizó”. “Para evitar absolutamente este tipo de cosas hay que crear un Consejo Superior de la Magistratura y adoptar un procedimiento que preserve los derechos del magistrado, y es lo que dice la Convención Interamericana. Toda persona tiene derecho a que su causa sea entendida de una forma contradictoria e imparcial, y Mariana Motta no tuvo las explicaciones necesarias de su traslado, no hubo debate contradictorio, por lo que no se respetó lo referido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.

El experto francés consideró que en materia judicial queda mucho por hacer en nuestro país y que, en parte, la responsabilidad es de la SCJ que debe interpretar la Ley “para avanzar en el progreso y no en el conservadurismo”.

Luego tomó un último sorbo de café y se perdió en los pasillos del prestigioso hotel.